Demandas del Uribismo al plebiscito podrían salvar los acuerdos logrados con las Farc

Foto tomada de. www.elcolombiano.com

El Centro Democrático en su empeño porque el plebiscito no se realizara, presentó una de las demandas más sólidas al Acto Legislativo para la Paz. Para esto recogieron miles de firmas en las calles y las radicaron todos juntos en una ceremonia en la Plaza de Bolívar. Lo curioso es que en este momento se especula que esa demanda puede llegar a ser la vía para salvar el proceso de paz frente al triunfo del No en las urnas.

Así lo relata la Revista Semana que cuenta cómo durante muchos meses, esa colectividad no bajó a este mecanismo de participación popular de ser una trampa para la democracia. Primero porque se había reducido el umbral, la abstención no tenía “competitividad”, se eliminó la posibilidad del voto en blanco y el Congreso no aprobó la financiación con dineros públicos de las campañas por el Sí y por el No.

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Precisamente, durante el mes que antecedió al plebiscito, el uribismo recorrió el país buscando votos por el No, pero también deslegitimando el mecanismo de participación.

Antes de la jornada electoral, los uribistas aseguraban que se fraguaría un fraude, tanto que muchos vaticinaban que con esa palabra reaccionarían contra los resultados. “El plebiscito es ilegítimo”, dijo Uribe apenas conoció la sentencia de la Corte Constitucional. Pero sorpresivamente, el veredicto de las urnas los favoreció, y desaparecieron las críticas.

Por el contrario, una semana después del plebiscito, el Centro Democrático percibe que desde el Gobierno y el poder judicial hay intentos por “desconocer” el resultado del plebiscito. Se refieren en concreto a las solicitudes de reapertura de mesas de votación que se vieron afectadas por la lluvia, especialmente en cuatro departamentos de la costa.

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Pero hay un tema que preocupa a los uribistas más que eso. En voz baja se ha conocido que la Corte Constitucional estudiaría una demanda presentada por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz que señalaba que este entraría en vigencia con su refrendación popular.

Este acto legislativo es el que daba facultades extraordinarias al presidente de la República, creaba el Fast Track para acelerar el trámite de las normas en el Congreso e integraba el acuerdo final al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la vigencia de este acto legislativo en su artículo 5 quedó condicionada a la refrendación del pueblo, por lo que tumbar esta disposición por problemas de trámite podría dar una segunda oportunidad al Acuerdo con las Farc.

En todo caso, esta idea tendría un problema y es que así se cayera el artículo 5º, según el artículo 1º el único que podría presentar los proyectos del Fast Track es el Gobierno, que no podría hacerlo porque la propia Corte Constitucional señaló que los efectos del plebiscito deben ser acatados por el Ejecutivo.

Tal es el susto de los uribistas, que según la Revista Semana, dos demandas: la de la senadora Paola Holguín y la del concejal Marco Fidel Ramírez ya tienen sendas solicitudes de retiro que aún no han sido resueltas. El senador Rangel reitera que si la Corte es coherente, debe proceder a retirar las demandas.

La Corte Constitucional también podría tumbar por vicios de trámite el artículo 4, en el que se convierte el Acuerdo Final en un Acuerdo Especial y lo integra al bloque de constitucionalidad. De manera que la concesión no sea total y el Acuerdo Final tenga que pasar por el control del Congreso.

 

Otros salvavidas

Otro de los salvavidas de los que se ha hablado en las últimas semanas es el de repetir el plebiscito en los lugares afectados por el huracán Matthew. Esta idea fue planteada por el senador Armando Benedetti, quien anunció que elevaría la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional.

La sola posibilidad llevó a que el uribismo denunciara ante la OEA supuestas “maniobras” para reabrir mesas de votación sin respetar los resultados.

Acogiendo esta tesis, el ciudadano Herman Garrido demandó el acto electoral del plebiscito ante el Consejo de Estado. El caso será estudiado por el magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes, que deberá determinar si ordena nuevas elecciones en la costa por la imposibilidad de votar. De llegarse a emitir una decisión en este sentido, sería un fallo sin precedentes en unas elecciones de carácter nacional.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, anunció que una vez tengan el escrutinio oficial enviarán solicitudes a la Corte para que se establezcan si hubo incidencia en el electorado.

Con menos eco está la propuesta de la realización de un segundo plebiscito.

La sentencia de la Corte Constitucional dejó abierta la puerta para que ante una decisión negativa del pueblo, como en efecto ocurrió, se pueda someter a consideración del pueblo un acuerdo distinto, pero bajo las mismas reglas del plebiscito especial ya previsto.

Los anuncios sobre la fase pública de las negociaciones públicas con el Eln le dan un aire a esta posibilidad. Esto en razón de que también se deberá definir si en el caso de esta guerrilla el acuerdo final termina en una refrendación.

El alto tribunal recordó, sin embargo, que el Gobierno tiene plenas facultades para mantener el orden público, entre ellas la suscripción de acuerdos de paz con grupos armados ilegales y en el marco de la salida negociada al conflicto armado.

Al uribismo muy seguramente ninguna decisión jurídica le va a gustar. Entre otras cosas, porque ante la derrota del Gobierno en las urnas, muchos consideran que la solución tiene que ser política y no depender de las interpretaciones de los abogados.

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