Pijao en la mira de los despojadores de tierras

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La Revista Semana publicó en sus páginas un amplio informe que da cuenta de las denuncias de despojo de tierras que han venido ocurriendo en el municipio quindiano de Pijao, localidad que además fue noticia nacional hace una semana, gracias al histórico fallo en el que la Corte Constitucional facultó a los municipios para que pudieran prohibir la minería en sus territorios y que surgió ante una tutela que instauró Liliana Mónica Flores, exconcejal de Pijaense.

La demanda fue un recurso de la excabildante ante la negativa del Tribunal Adminstrativo del Quindío, que en 2015 le negó la posibilidad de convocar a una Consulta Popular para preguntarles a los pobladores de Pijao si estaban de acuerdo o no con la explotación minera en su municipio.

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Precisamente a comienzos de este año un periodista de la Revista Semana recorrió la localidad para investigar denuncias sobre la presunta presencia de comandos armados que estarían desplazando a campesinos para despojarlos de sus tierras.

En la publicación, la Revista explica que el trabajo periodístico no llega a una conclusión categórica en el sentido de los comandos armados despojadores de tierras, pero sí encuentra varios elementos y coincidencias que llaman la atención.

El tema surgió porque a principios de 2015, mientras el Gobierno y las FARC discutían detalles para firmar el Acuerdo de Paz, en Anncol, la página de internet que usa esa guerrilla para difundir sus ideas, apareció un artículo titulado “Paramilitarismo en el Quindío pone en grave riesgo la paz”.

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La nota escrita por uno de los columnistas habituales de ese portal recogía un informe de las denuncias que las víctimas narraron a defensores de derechos humanos en esa zona del país. Detallaron asesinatos, extorsiones, amenazas y desplazamientos que vienen ocurriendo desde hace un par de años en tres municipios cordilleranos de Quindío (Génova, Córdoba y con más fuerza en Pijao).

Sólo en 2015 hubo 8 asesinatos en Pijao, que lo ubicaron con una tasa de 125 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el departamento. Ese mismo año 55 familias fueron desplazadas y en el 2013 las casas de 4 fincas fueron quemadas. Mientras en Génova y Córdoba, las homicidios bajaron.

“Mientras el gobierno de Santos y sus generales niegan la existencia de los paramilitares, estos y sus patrocinadores aprovechan esta gran mentira para desplegar nuevamente sus comandos en varias regiones colombianas (…)”, asegura el articulista.

Las denuncias, algunas de ellas en poder de Semana, fueron recibidas a mediados del año pasado y cuentan en detalle episodios que recuerdan épocas oscuras de la guerra entre guerrilla y paramilitares: “A las 6:00 p. m. llegaron unos hombres armados, según ellos mismos dijeron que pertenecían al Frente 50 de las Farc, a la casa y nos hicieron varias preguntas, luego se lo llevaron a él (esposo) para un camino y estando allá yo oí desde la casa tres disparos como de fusil. (…) causándole la muerte”, relató la viuda.

Como si eso no fuera suficiente, desde diciembre pasado el entonces personero de Pijao, Albert Quintero, quien hizo las alertas por esas denuncias, también fue amenazado y desplazado. Ese año entregó su cargo despachando desde Armenia, mientras rogaba porque le asignaran un esquema de protección que llevaba meses pidiendo.

Más grave es que todo eso estaba documentado desde hace un par de años en las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo del Quindío. En esos informes no sólo se detallan las afectaciones a los campesinos, sino que se hace un descarnado análisis del origen del problema asociado al microtráfico y el delinquir de oficinas de cobro como Los Patos y Los Flacos del norte del Valle y La Cordillera, de Pereira, Risaralda. En resumen, una puja por el poder entre Rastrojos y Urabeños.

 

Paraíso de los capos de la mafia

La Revista Semana visitó la zona y pudo establecer que paralelo al fenómeno de violencia, confidencialmente se realizaron al menos una treintena de negocios de compraventa y embargos de fincas. En esas mismas veredas donde se presentan las extorsiones y amenazas existen títulos mineros que autorizan la explotación de oro a una multinacional.

Para entender un poco el fenómeno basta recordar que Córdoba, Génova y Pijao forman un corredor natural que une Tolima con el Valle del Cauca. También hay que decir que en el pasado la zona fue fortín del Frente 50 de las Farc y luego el Bloque Calima de las AUC.

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Desde hace mucho tiempo el Quindío se convirtió en el ‘paraíso fiscal‘ de los capos de la mafia; allí no sólo invirtieron sus fortunas, sino que se escondieron. No es coincidencia que en este departamento han caído o muerto reconocidos narcotraficantes como Lorena Henao, llamada la ‘viuda de la mafia‘.

Hace apenas dos años en Armenia fueron capturados Nini Johana Úsuga, hermana de alias ‘Otoniel‘, jefe de los Urabeños, y el temido narco Gustavo Palomino, alias ‘Camilo‘, quien en 2014 lideró la masacre de ocho personas en una finca de recreo en Cali.

Del Quindío era también el excongresista Carlos Oviedo, condenado por enriquecimiento ilícito y doble homicidio; un sicario lo mató en el centro de Armenia en 2009. Y no se puede olvidar que el mítico narcotraficante Carlos Ledher también es de esta zona. Pero ¿qué tiene que ver la mafia con el problema actual?

Semana.com hizo un barrido aleatorio con el 25 % de las transacciones de compra venta y embargos de fincas en los últimos tres años, y encontró coincidencias llamativas.

Por un lado aparece un terrateniente que en Pijao es reconocido por ser el padre de crianza de Diego Fernando Cano, un narcotraficante que fue condenado y extraditado a Estados Unidos acusado de lavar dinero a los Urabeños y tener nexos con el cartel de Sinaloa. Cano es de Pijao, y aunque fue extraditado en 2007 por solicitud de un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ya retornó al país.

Resulta que Cano es el esposo de Sonia Cruz Quiceno, más conocida como alias la ‘Mona‘, considerada jefe de finanzas de los Urabeños. Ella también fue capturada y extraditada en 2014 a Estados Unidos, donde purga una condena de 14 años de prisión. Cruz Quiceno es de Calarcá, Quindío.

Al menos cinco fincas de la zona afectadas por la violencia en Pijao figuran a nombre del padre de crianza de Cano. Hay que aclarar que si bien esas tierras en su mayoría fueron adquiridas muchos años atrás, están hipotecadas con particulares; pero en poder de Semana hay un testimonio de uno de los acreedores, en el que asegura que los están llamando a ‘arreglar‘ esas deudas “por las buenas, o los meten en problemas”.

 

Títulos mineros y negocios

El otro gran comprador de esos terrenos es una sociedad llamada Hato La Macana SAS, una empresa constituida en 2010 para la cría de bovinos y búfalos, cultivo de café y frutas tropicales. Recientemente La Macana absorbió a otra empresa con influencia en Pijao y de la misma familia, conocida como Agua Hass SAS.

Media docena de las fincas transadas en los dos últimos años fueron compradas por esa empresa familiar. Cuando Semana indagó sobre el tema con Fabio Quintero, uno de los accionistas, este explicó que llegaron a la zona por dos razones. “Primero porque vimos la oportunidad de comprar tierras a buen precio; segundo, no nos preocupó el tema de seguridad porque allá hay un batallón de alta montaña y tenemos un familiar que pertenece al Ejército en ese departamento”, precisó.

Añadió que esas tierras en su mayoría le fueron compradas a una misma familia y hoy son utilizadas para producir aguacate de la especie Hass a gran escala, “tenemos 64 hectáreas sembradas”, dijo tras argumentar que hasta el momento no han sido extorsionados o amenazados.

El otro hecho corre por cuenta de cuatro títulos mineros que la Agencia Nacional Minera le otorgó a la multinacional Anglo Gold Ashanti, entre 2013 y 2014, para explotar varios metales, entre ellos oro, en los municipios de Génova y Pijao. Esos títulos tienen una vigencia de 30 años.

A varios dirigentes de la zona les llama la atención que precisamente el corredor que une a Pijao con Cajamarca, Tolima, sea el más afectado por los bandoleros. Es el mismo corredor que limitaría con la zona de explotación de oro de la mina La Colosa.

El tema de esos títulos mineros es la explicación que un oficial de la Policía del Quindío ofrece para entender la venta de fincas a buen precio. En cuanto a las denuncias sobre supuestos paramilitares o bandas criminales que extorsionan o amenazan, el oficial argumentó que son delincuentes comunes que se hacen pasar por esas organizaciones para intimidar. “Pero ya hemos capturados a algunos y tenemos identificados a otros que son de una misma familia de la zona”, aseguró el alto oficial cuando Semana lo indagó sobre las denuncias.

De las montañas del Quindío la violencia no se ha ido, sin importar quién sea el responsable (guerrilla, paramilitares o bacrim). Lo curioso es que en medio de ese ambiente tenso, la tierra cambió de dueños.

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