Salento a un solo paso de realizar consulta popular contra megaminería

Tras la aprobación del alcalde de Salento, Juan Manuel Galvis, para realizar la consulta popular contra la megaminería, los esfuerzos ahora se encaminan a consolidar el apoyo político y jurídico para el proceso.

El mandatario viajó a Bogotá para reunirse con congresistas como Claudia López, para impulsar el apoyo entre los parlamentarios, con el ánimo de proteger el territorio de los daños ambientales que la megaminería puede ocasionar.

En compañía de la senadora por la Alianza Verde, se va a comenzar el apalancamiento jurídico de la consulta, buscando la mejor manera de estructurarla y la pregunta que se hará.

Por último“Después de esto lo que queda es presentar la consulta popular al concejo de Salento para que decida si se aprueba o no”, relató

El proceso, que cuenta con el apoyo de diversos grupos ambientalistas que durante los últimos dos años vienen impulsando la protección de Salento y el departamento, podría tardar dos meses más en consolidarse por completo.

Procesos como este alejaron la megaminería de municipios como Piedras, Tolima

El 28 de julio de 2013, a través de una consulta popular sin precedentes, los ciudadanos de Piedras, en el vecino departamento del Tolima, hicieron público su descontento frente a la llegada de las operaciones mineras de Anglogold Ashanti a su territorio.

Se abrió en tonces la discusión de si ¿pueden los habitantes decidir sobre las futuras actividades económicas que se proyecten en su municipio?

El debate fue largo y entes como las Procuraduría alegaron que los alcaldes que realizaran consultas de este tipo se estarían extralimitando en sus funciones, y que sólo el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, tenían la competencia exclusiva para excluir del territorio municipal o departamental zonas para la actividad minera.

Pero los defensores de la iniciativa, como César Rodríguez Garavito, abogado de Dejusticia, alegaron que las consultas populares como las de Piedras, y las que luego se realizaron en Tauramena y Monterrey (Casanare), responden a un sistema de participación avalado por la Constitución con el que los habitantes de estos territorios intentan proteger fuentes hídricas, distritos de riego y ecosistemas vitales que hacen parte del suelo. Y sobre el suelo el gobierno municipal sí tiene poder de decisión.

Al final, en mayo de este año, la Corte Constitucional dejó zanjada la discusión, al tumbar en una trascendental y polémica decisión que impacta la actividad minera en el país, el artículo 37 de la Ley 685 del 2001, el Código Minero, que les impedía a alcaldes y concejos crear en sus municipios zonas vedadas para la minería. Con este fallo, a través de consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) los entes locales pueden frenar cualquier proyecto minero, una facultad que estaba en manos de las autoridades nacionales.

El fallo se dio en medio de las ya abultadas protestas en contra de la megaminería en Salento y en especial en el Valle de Cocora, patrimonio natural nacional y cuna de la alma de Cera, el árbol nacional de Colombia.

Es así como la decisión en Piedras quedó firme y se espera que en Salento pase igual. La comunidad será la que decidirá entre el agua para beber o el oro que será extraído por las multinacionales.

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